Aparece nombre de empresa de fachada de Camargo Correa en Montevideo, constituida para camuflar envíos de US$ 6 millones a través de la oficina de la constructora brasileña en Perú, según documentos inéditos de la operación Castillo de Arena obtenidos como parte del proyecto colaborativo Investiga Lava Jato. Las fechas de las supuestas transferencias corresponden a 2007 y 2008, cuando Camargo Correa pagaba coimas por Interoceánica Sur y estaba en proceso de licitación la planta de tratamiento de agua de Huachipa, por la cual a su vez existen indicios de sobornos. Uno de los directivos brasileños de la compañía fantasma uruguaya estuvo en Lima en ese periodo. Este reportaje integra la serie investigativa 'Castillo de Corrupción'.

 

En el expediente judicial de la operación Castillo de Arena, durante la cual la Policía Federal de Brasil intervino a directivos y empleados de la constructora Camargo Correa en 2009, hay información relacionada al Perú que no fue investigada por las autoridades brasileñas y que desconoce la fiscalía peruana hasta la fecha.

En las computadoras incautadas a los brasileños José Diney Matos, Jadair Fernandes de Almeida y Maristela Sum Doherty, vinculados a la red de empresas de fachada de Camargo Correa para triangular pagos fuera de Brasil, se encontró documentos y mensajes por correo electrónico —fechados en 2006 y 2007— sobre una compañía fantasma en Uruguay y montos de dinero por US$ 6 millones referidos al Perú, según documentación revisada y contrastada por Convoca.pe en alianza con Semanario Búsqueda (Montevideo), que integran el proyecto colaborativo Investiga Lava Jato.

Se trata de la empresa Logilt S.A., constituida en la capital uruguaya el miércoles 13 de setiembre de 2006, menos de dos meses después de que finalizara la gestión del presidente Alejandro Toledo y empezara la del mandatario Alan García.

 

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Información registral de la empresa uruguaya relacionada a Camargo Correa (sucursal Perú).

 

Precisamente, en ambos gobiernos hay indicios de pagos de sobornos por parte de la constructora brasileña, en el primero relacionado al tramo 4 de la vía Interoceánica Sur y en el segundo, a la planta de tratamiento de agua potable de Huachipa. Estos casos se encuentran bajo investigación en el Equipo Especial de la Fiscalía del Perú a cargo del caso Lava Jato. En suelo peruano, Camargo Correa ha ejecutado siete obras adjudicadas por el Estado por alrededor de US$ 1 mil millones en total, contratos otorgados entre 2004 y 2011, información basada en datos del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, la Contraloría y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

De acuerdo con el registro de empresas de Uruguay, Logilt S.A. tuvo como directivos formales a los brasileños Girolamo Santoro (presidente del directorio) y Francisco Petruccelli (vicepresidente) y se consignó como domicilio legal la calle Colonia 810, oficina 403, en Montevideo.

La liquidación de esta compañía fue iniciada por Petruccelli el lunes 5 de abril de 2010, es decir al año siguiente de que se ejecutara la operación policial Castillo de Arena como parte de las pesquisas de presuntos delitos financieros y de lavado de activos que implicaban a Camargo Correa.

 

Montevideo
Los fundadores de Logilt S.A. consignaron como domicilio de la empresa una oficina en el cuarto piso de este edificio en Montevideo. Imagen: Google Maps

 

Santoro, identificado como operador de la constructora brasileña, registra un solo ingreso a territorio peruano: el jueves 25 de octubre de 2007, según su reporte migratorio obtenido por este medio digital. Llegó procedente de Brasil y retornó a su país en pocas horas. Este empresario en el rubro informático fue acusado de fraude financiero, evasión de divisas y otros delitos.

Llama la atención que cuatro días antes —el domingo 21 de octubre del mismo año—, Marcos de Moura Wanderley, representante de Camargo Correa en el Perú de 2002 a 2009, haya viajado a Argentina por dos días, de acuerdo con sus movimientos migratorios, pues es conocido que esta nación es puerta de ingreso a Uruguay, donde Logilt S.A. se fundó.

Como se advierte, Santoro y De Moura Wanderley se encontraban en Lima cuando el primero permaneció en suelo peruano por unas horas.

El brasileño Marcos de Moura es investigado por el Ministerio Público del Perú por presuntas coimas relacionadas al tramo 4 de Interoceánica Sur, caso en el cual está incluido el prófugo expresidente Alejandro Toledo y otras personas de su entorno.

 

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Cuando Girolamo Santoro permaneció por unas horas en Perú, Marcos de Moura estaba en Lima. Este último fue directivo de la constructora brasileña de 2002 a 2009. Días antes, De Moura había viajado a Argentina, por donde también se ingresa a Uruguay.

 

Cabe anotar, además, que Kurt Paul Pickel, un suizo nacionalizado brasileño que se convirtió en el hilo de la madeja en el caso Castillo de Arena tras la interceptación de su teléfono en 2008, registra por lo menos dos ingresos a Uruguay. Su reporte migratorio, obtenido para este reportaje, señala que estuvo en Montevideo el 15 de setiembre de 2007, y también del 2 al 4 de setiembre de 2008.

La Policía Federal de Brasil determinó que Pickel actuaba como intermediario entre Camargo Correa y dos “doleiros” (traficantes de divisas) que operaban en suelo uruguayo y respondían a los nombres de “Paco” y “Raúl”.

En Uruguay estaba instalada una sucursal de la Banca Privada de Andorra (BPA), desde donde funcionarios, empresarios y abogados de diferentes países gestionaron la apertura de cuentas bancarias para recibir fondos ilegales de Odebrecht y Camargo Correa, constructoras implicadas en el megacaso de corrupción Lava Jato.

 

Abonos cruzados

La fiscalía brasileña señaló a Logilt S.A. como parte del esquema de compañías fantasmas para el envío ilegal de divisas fuera de Brasil. “Los contratos de estas empresas con Camargo Correa eran simulados y servían apenas como fachada para el envío de dinero”, se anotó en la denuncia.

Entre el material incautado a los sindicados como “doleiros” José Diney y Jadair Fernandes se halló diferentes versiones de un contrato de “prestación de servicios de geoprocesamiento, tecnología de la información y otros acuerdos” que debían suscribir Camargo Correa (sucursal Perú) y Logilt S.A. el 3 de mayo de 2007, el cual establecía el pago de US$ 6 millones por esa supuesta labor.

Esta cifra es similar al monto del soborno (US$ 6 millones 313 mil) que Alejandro Toledo negoció con Marcos de Moura por la buena pro del tramo 4 de Interoceánica Sur, de acuerdo con la investigación de la fiscalía peruana. Pero, las pesquisas indican que al final el exmandatario recibió US$ 3 millones 984 mil 335.

 

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Contrato ficticio mediante el cual se transfería dinero de Camargo Correa fuera de Brasil, según las autoridades brasileñas.

 

En el documento contractual de diez páginas —de Logilt S.A. y Camargo Correa— se determinaba un calendario de abonos de dinero en ocho fechas, entre el 3 de setiembre de 2007 y el 3 de abril de 2008.

En este periodo, se registraron 12 transferencias (US$ 1 millón 253 mil 318) de la constructora brasileña a la cuenta bancaria de una offshore del empresario israelí Josef Maiman, quien era del entorno de Toledo, como parte del pago de la coima al expresidente.

 

Marcos y Alan
Alan García y Marcos de Moura en Palacio de Gobierno, cuando el primero era presidente y el segundo, representante de Camargo Correa en el país. Foto: Agencia Andina

 

Pero, también en esas fechas —el 8 de diciembre de 2007— se convocaba a la licitación pública internacional para la construcción de la planta de tratamiento de agua en Huachipa. La obra fue adjudicada al Consorcio Huachipa (integrado por Camargo Correa, de Brasil, y OTV, de Francia), en junio de 2008. Durante la operación Castillo de Arena se halló papeles de la firma brasileña en los que figuraban nombres de ex altos funcionarios apristas al lado de anotaciones de sumas de dinero. Entre estos se encontraban el ex ministro Hernán Garrido-Lecca, el ex viceministro Juan Sarmiento, así como el ex presidente de Sedapal, Guillermo León y el ex gerente de este organismo, Umberto Olcese.

De otro lado, la policía brasileña reportó que en la documentación incautada al "doleiro" José Diney, en su domicilio en Rio de Janeiro, había una carta del bufete peruano Estudio Navarro, Ferrero & Pazos Abogados dirigido a Camargo Correa en referencia a Logilt S.A.
Convoca.pe intentó varias veces recoger la versión del estudio de abogados, que tiene como gerente general a Francisco Navarro-Grau Hurtado, pero no hubo respuesta a las mensajes telefónicos.

 

'E-mails' a Perú

Las pistas sobre el esquema de compañías ficticias utilizado por Camargo Correa para envíos de dinero a otras naciones, como el Perú, con presuntos fines ilícitos fueron consignadas por la Policía Federal de Sao Paulo en reportes que se derivaron a la Fiscalía de Brasil, luego de analizar el material incautado a personas relacionadas a la constructora.

Se presentó como indicios el contenido de varios ‘e-mails’. Por ejemplo, en uno de los correos electrónicos hallados en la computadora de la "doleiro" Maristela Sum Doherty, el consultor brasileño Helio Sirimarco Guedes envía instrucciones al notario peruano Aníbal Sierralta —el 29 de enero de 2007— respecto la creación de una empresa en el Perú para recibir remesas desde una firma en el extranjero.

"Estamos trabajando para una tercera empresa, que es una offshore. Fue contratada por la compañía de informática para realizar pagos en el Perú. Nuestra tarea es la de operar estos abonos. Es para eso que estamos siendo contratados. Por esa razón, necesitamos a alguien en el Perú para que podamos realizar la operación”, escribió Sirimarco.

El consultor brasileño explicaba en su mensaje al abogado peruano que la compañía de papel “abriría una cuenta bancaria y sería responsable de los pagos en el Perú, conforme a las indicaciones de la empresa de informática. Los recursos serán enviados por la offshore a su filial peruana, ya que el origen (aparente) de los mismos tiene que ser identificado en la agencia bancaria”.

 

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Uno de los correos electrónicos hallado por la Policía Federal de Brasil durante la operación Castillo de Arena en Rio de Janeiro, en 2009.

 

Entre el material recogido por la Policía de Brasil se encontró el borrador de la constitución de una empresa en el Perú, en la cual figuran como socios fundadores Helio Sirimarco y Aníbal Sierralta. En este documento de siete páginas, fechado el 3 de febrero de 2007, el espacio para colocar la denominación de la compañía se dejó en blanco, así como el nombre de un tercer socio brasileño.

En mensajes posteriores, Sirimarco insistió varias veces a Sierralta en que le informara sobre cuánto tiempo iba a necesitar para registrar la compañía y abrir las cuentas bancarias, pues ya habían transcurrido varios meses.

Consultado al respecto por Convoca.pe, Aníbal Sierralta confirmó que tuvo esos intercambios de mensajes por ‘e-mail’ con el consultor brasileño, pero aseveró que jamás se concretó la creación de esa empresa en el Perú y también rechazó que él haya tenido alguna vinculación con Camargo Correa o con sus actividades.

“La consulta que me hizo Helio Sirimarco, un profesor de la fundación Getulio Vargas (Brasil) donde yo he enseñado, se refería a la constitución en el Perú de empresas, dentro de la Ley General de Sociedades, y cuál era la figura más conveniente desde el punto de vista tributario. Aquí no se puede constituir compañías offshore”, dijo vía telefónica.

Agregó: “Uno de sus socios (de Sirimarco) quería crear una empresa de consultoría en el país. Requerían un gran aporte de capital, lamentablemente yo no estaba en las posibilidades financieras para hacerlo y desistí. (…) No me pagaron ni un real por mis alcances. No sé si Helio Sirimarco tenga relación con Camargo Correa, yo lo conocí hace años como profesor de mercado de futuros”.

 

Modus operandi

En el caso de José Diney, este tenía correos electrónicos con Jadair Fernandes que evidenciaban el modus operandi de Camargo Correa en la simulación de contratos con otras compañías. Para la policía brasileña, esta modalidad daba respaldo formal a las remesas de valores de origen ilícito.

“Estimado Jadair, conversé con (Girolamo) Santoro para ver si es posible hacer otro contrato por 600.000 reales con el mismo alcance del actual para atender al cliente de BH. La idea es hacer sólo una SIMULACIÓN, o sea, no habrá sistema, ni implantación, ni entrenamiento. Sólo entregaríamos un ‘paper’ que contenga la lógica del sistema y su aplicación en la empresa”, escribió Diney el 24 de octubre de 2006.

Prosiguió: “Está claro que el contrato se hará de acuerdo con el vestuario, como si todo fuera a suceder de hecho. Pero en la práctica sólo tendremos una simulación de venta de un software”.

 

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Elocuente mensaje sobre las actividades de los "doleiros" de la empresa brasileña.

 

En otro ‘e-mail’, fechado el 8 de noviembre de 2006, José Diney se refirió a las precauciones que debían tomar.

“POR FAVOR, BORRAR ESTE MENSAJE PARA NO DEJAR RASTRO”, apuntó al final del mensaje dirigido a Jadair Fernandes, en el cual se trataban explícitamente los costos que implicaban montar el esquema para evadir divisas con apariencia de legalidad.

Las pesquisas establecieron que los contratos ficticios eran coordinados previamente con el área jurídica de Camargo Correa para luego ser enviados a sus operadores.

Convoca.pe envió un cuestionario a la constructora brasileña sobre los puntos expuestos en este reportaje.

“Camargo Correa informa que la Operación Castillo de Arena fue juzgada ilegal e inválida, de modo definitivo, por la Corte Suprema de la República del Brasil. (…) Las preguntas hacen referencia a supuestos documentos de más de 12 años y que habrían sido incautados por la Policía Federal de Brasil en 2009, en el ámbito de la operación Castillo de Arena”, fue la respuesta.

A pesar de esta postura de la empresa brasileña, que busca impunidad, las investigaciones de la prensa independiente y de la fiscalía peruana siguen destapando evidencias sobre sus operaciones ocultas.

 

Con la colaboración de Guillermo Draper, editor de Política en Semanario Búsqueda