PARAÍSO PERDIDO

La doble titulación amenaza la Amazonía

La comunidad Nuevo Paraíso, enclavada en Ucayali,- la región amazónica que concentra la mayor deforestación en Perú - ha descubierto que 192 hectáreas de su territorio reconocido –equivalentes a 300 campos de fútbol- fueron entregados a colonos. La entrega de predios individuales sobre las tierras indígenas como las de Nuevo Paraíso y otras comunidades en Ucayali, se sigue implementando irregularmente pese a los 56 millones de dólares entregados por la cooperación internacional al Estado peruano, para ofrecerles seguridad territorial y respetar la bioversidad.

Publicado: 30/10/2016
Publicado: 30/10/2016

Territorio invadido

ESCRIBE / YVETTE SIERRA PRAELI

Cuando Rubén Magín, jefe de la comunidad nativa Nuevo Paraíso –distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo, región amazónica de Ucayali– comenzó a recorrer los límites del territorio comunal, jamás pensó que encontraría decenas de hectáreas doblemente tituladas dentro de las 12,829 hectáreas y 1,150 metros cuadrados de extensión que corresponden a la comunidad.

“Habíamos caminado siete días marcando los puntos”, recuerda Magín la expedición realizada en julio de 2015 acompañado de representantes de la Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali (DRAU), de la Organización de Desarrollo del Distrito Indígena de Masisea (ORDIM) para trazar los límites georreferenciados, un método para ubicar y delimitar correctamente la extensión de un espacio geográfico.

Magin y sus acompañantes confirmaron finalmente antiguos rumores sobre la presencia de colonos dentro de los dominios de Nuevo Paraíso; familias enteras se habían asentado sobre grandes áreas de bosque, habían talado árboles inmensos previamente y luego el terreno ya limpio lo habían dividido en parcelas, en partes iguales entre todos, para la crianza de ganado en esta porción del territorio de la región con mayor deforestación en la Amazonía peruana, Ucayali.

En una reunión en Santa Rosa de Masisea, un caserío que limita con la comunidad, los colonos mostraron a los dirigentes nativos sus títulos individuales otorgados por autoridades locales.

La doble titulación que enfrenta Nuevo Paraíso no es problema aislado; la misma se extiende a comunidades campesinas y nativas del territorio nacional. Se sigue implementando irregularmente pese a los 56 millones de dólares entregados por la cooperación internacional al Estado peruano para ofrecerles seguridad territorial y respetar la bioversidad.

"Si la comunidad pide titulación hay muchos requisitos, pero si soy una persona y pido un área me piden dos casitas, una chacra y me dan mi constancia de posesión"

Además de los títulos de propiedad individuales dentro de las comunidades, existe otra forma extendida de apropiación de territorios nativos. Se trata de las constancias de posesión, documentos que se entregan a familias o asociaciones que se instalan en bosques de áreas comunales que son deforestadas. Luego, solicitan sus constancias de posesionarios.

Convoca.pe confirmó que cantidad de certificados de posesión entregados en los últimos años en la región de Ucayali había crecido considerablemente en los últimos cinco años. De acuerdo con información de la Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali, entre 2011 y julio de 2016 se aprobaron 4,266 certificados de posesión de predios rurales en la región, siendo el 2012 el año en que las entidades del Estado otorgaron hasta 1,244 de estos derechos. Varias de estas constancias de posesión se superponen a las tierras de las comunidades nativas, pero estas lo ignoran o no saben cómo resolverlo.


Propiedad de papel

En el caso de Nuevo Paraíso, los predios individuales fueron entregados por funcionarios de la Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali y el PETT (Programa Especial de Titulación de Tierras) en 1999, las mismas entidades que habían otorgado el título meses antes sobre esas tierras a la comunidad Nuevo Paraíso.

“Teníamos la comunidad titulada, pero no habíamos caminado por todo el territorio, prácticamente solo teníamos un dibujo de nuestros dominios”, agrega German Gordón, teniente gobernador de Nuevo Paraíso.

Nuevo Paraíso presentó una denuncia por deforestación del territorio en conflicto que alcanza las 192 hectáreas, además de la invasión del territorio comunal por “cincuenta (50) pobladores, en calidad de posesionarios informales”, acusación que ha sido acogida por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en enero del 2016.

Tanto el título entregado a la comunidad como los entregados a los colonos fueron firmados por la misma autoridad. Olga Z. Ríos del Águila, en ese entonces directora Regional Agraria de Ucayali rubricó el título de la comunidad el 18 de diciembre de 1998 y, solo dos meses después, el 10 de febrero de 1999 refrendó los títulos individuales. En estos últimos, además, aparece la firma de Eva L. Medina Flores, quien fuera directora ejecutiva del PETT (Proyecto Especial De Titulación De Tierras Y Catastro Rural) a fines de la década de 1990.


El problema que enfrenta los pobladores de la comunidad Nuevo Paraíso se repite en otras zonas, asegura Cauper Pezo. “Actualmente, hay comunidades que han solicitado hace 12, 15 y más años que su territorio sea titulado, pero no obtienen respuesta. Sin embargo, hay concesiones forestales, hidrocarburíferas, colonos que hacen chacras. Y cuando la comunidad intenta su titulación se encuentra con esos problemas”.

Sol Naciente, Mariscal Cáceres, Dinamarca y Santa Clara de Uchuña son comunidades que esperan se les entregue su título hace varios años, son ejemplos del caos y el aprovechamiento de los territorios comunitarios en Ucayali.

En este gráfico se observa Nuevo Paraíso (Escala 1:24,000). Fuente: Instituto del Bien Común - IBC.

Una prueba de este desorden es la falta de actualización de una data oficial sobre el estado de los territorios de las comunidades nativas y campesinas. En el año 2012, cuando se emitió más de 1200 certificados de posesión, la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali estaba a cargo de Miguel Seijas del Castillo, y el gobierno regional era presidido por Jorge Velásquez Portocarrero, funcionarios que fueron denunciados y procesados penalmente más adelante por una venta irregular de terrenos a la empresa Plantaciones Ucayali, de propiedad del grupo Melka (Ver Amazonía Arrasada).


El caos

En conversación telefónica con Convoca.pe, el director de la DRAU, Isaac Huamán, confirmó que, efectivamente, en 1999 el Programa Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT) entregó 12 títulos de propiedad individuales dentro del territorio de la comunidad, bajo el amparo del Decreto Legislativo Nº 838, promulgado en 1996, durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Señala, además, que en el año 2002, mediante la Ley Nº 667, de registro de predios rurales, –emitida en 1991, también durante el gobierno de Alberto Fujimori– se autorizaron 14 predios más dentro de la comunidad, los mismos que figuran como unidades catastrales independientes y cuentan con constancia de posesión.

Sobre la responsabilidad de las autoridades en este caos territorial, Huamán asegura que los problemas se presentaron en el pasado, y que haber entregado títulos y fichas catastrales sobre territorios indígenas se debió a un desconocimiento tecnológico, puesto que no estaba claro un catastro georreferenciado. “Por displicencia, mediocridad o dejadez, las gestiones anteriores no lograron hacer un correcto diagnóstico del territorio que debía titularse. También se sumó la deficiencia de registros públicos de no manejar un correcto catastro. Ahora resulta que han titulado encima de otros títulos”.

"El Estado vulnera nuestros derechos mediante sus trabajadores que, mal pagados, trafican constancias de posesión"
Carmen Luján, ex responsable de proyecto de Resolución de Conflictos del IBC

Jaime Montalván Torrejón, director de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria, de la DRAU, confirmó a Convoca.pe que a fines de los años 90 –cuando se entregaron los títulos de Nuevo Paraíso y de los colonos– ya formaba parte del PETT, pero evitó responder sobre los conflictos territoriales en la Ucayali. Al respecto, Huamán Pérez, respaldó el trabajo de Montalván y dijo que “tendrá una autocrítica sobre cualquier error que haya cometido”.

Lizardo Cauper Pezo, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), se queja de la desigualdad que existe en las exigencias a las comunidades nativas para que logren la titularidad de su territorio, en contraste con lo que sucede en la entrega de predios individuales mediante constancias de posesión. “Si la comunidad pide titulación hay un montón de requisitos que cumplir. Pero si soy una persona y solicito un área determinada solo me piden dos casitas, hacer una chacra y me dan mi constancia de posesión”.


Juego de títulos

Nony Leny Pérez Salas es la propietaria de tres predios en el territorio invadido. Es dueña, además, de una embarcación que recorre el río Ucayali. Entre el ruido de las lanchas y la gente subiendo la carga a la nave, Nony Pérez asegura que cuando compró los terrenos, hace dos años, aproximadamente, no sabía de la superposición con las tierras comunitarias. Cuenta, además, que compró uno de los predios a un profesor, quien a su vez lo había adquirido a una anterior propietaria. Es decir que la misma superficie ya había sido vendida dos veces.

Ha logrado inscribir uno de los títulos con la ayuda de un ingeniero que fue a Santa Rosa de Masisea. “Él, como tiene experiencia, nos ha ayudado en la municipalidad, en Registros (Públicos), en el notario, en todo nos ha apoyado”, asegura.



Carlos Salas, tío de Nony, se encarga de cuidar los terrenos y mantiene consigo los tres títulos de propiedad. En esos documentos figuran los nombres de Nélida Meléndez Manihuari con 10 hectárueas y 1,710 metros cuadrados; José Basiliio Cárdenas Chilicahua con 12 hectáreas y 9,155 metros cuadrados, y Juana Ángela Manihuari Huanuiri con 31 hectáreas y 841 metros cuadrados. Este último está inscrito a nombre de Nony, según consta en la partida registral N° 40009041, de fecha 8 de enero de 2016, de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

"Los títulos pasan de una mano a otra. Quienes fueron los primeros dueños ya no lo son más. Los venden, y los nuevos buscan inscribirlos a su nombre"

Ella no es la única que ha comprado predios en disputa. Edson Michel Hoyos Alvarado también adquirió un terreno de 20 hectáreas, cuyo título aún pertenece a Claudio Shahuano Serruche. No ha sido inscrito a su nombre y entiende que hay problemas por esta propiedad.

Los títulos pasan de una mano a otra. Quienes fueron los primeros dueños ya no lo son más. Los venden, y los nuevos propietarios buscan inscribirlos a su nombre. Así, las comunidades van perdiendo territorio. Lo mismo sucede con las constancias de posesión, que se negocian como si se tratase de títulos, pese a que no tienen ese valor.

Mientras, los dirigentes de Nuevo Paraíso, Rubén Magín, Germán Gordón Sinuire y Sinuel López Quesus (agente municipal) se muestran impotentes ante esta situación. Cada vez que pueden, viajan a la ciudad de Pucallpa con el fin de encontrar una forma de recuperar su territorio, pero hasta ahora no lo han conseguido.

Para la abogada Carmen Luján –quien fue responsable del proyecto de Resolución de Conflictos Territoriales del Instituto del Bien Común e integrante del equipo que recorrió Nuevo Paraíso para georreferenciar sus límites– el problema se origina en el Estado. “La corrupción empieza desde los funcionarios del Estado que vulneran los derechos de las comunidades nativas. En el sector Agricultura pude apreciar la visión de los trabajadores para traficar con tierras, quienes emitían constancias de posesión y creaban pequeños planos. Hay invasores que dicen que van a recibir su constancia (de posesión), y que han pagado por el documento”, asegura Luján.

"La corrupción empieza desde los funcionarios del Estado que vulneran los derechos de las comunidades nativas. En el sector Agricultura pude apreciar la visión de los trabajadores para traficar con tierras"

“La data oficial sobre las tierras comunitarias es un caos”, dice Richard Chase Smith, director del Instituto del Bien Común. “Ese caos –continúa– es consciente. No es falta de dinero, ni de tecnología, es falta de voluntad política, porque cuanto más caos hay en este tema, más fácil es el tráfico de tierras y más difícil rastrearlo”.

Una prueba de este desorden es la falta de actualización de los datos oficiales sobre el estado de los territorios de las comunidades nativas y campesinas. Lo último que se conoce corresponde a los años 1998 y 1999, cuando se publicaron los dos Directorios Oficiales de Comunidades (campesinas y nativas) del Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT).

Similar apreciación tiene Martín Ronceros Ampuero, Director de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural, del Ministerio de Agricultura y Riego, quien explica las decisiones tomadas durante la transferencia de facultades sobre territorios a los gobiernos regionales, proceso que no consideró el traspaso del catastro rural, que se quedó en el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri).

Agrega que este catastro está muy atrasado y recién, el 2 de junio de este año, ha sido transferido al Ministerio de Agricultura y Riego, mediante el Decreto Supremo 005-2016, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. “Antes de concretar la titulación se debe hacer un diagnóstico físico y legal del territorio para determinar si la comunidad o predio individual está ubicado sobre un terreno ya titulado”, indica.

Lizardo Cauper, presidente regional Aidesep, Ucayali. Foto: Yvette Sierra - Convoca.pe

"Hay comunidades que solicitan hace 15 años su demarcación y no le dan pero sí sobre su propio terreno las autoridades ya han permitido concesiones forestales, hidrocarburíferas o permisos para hacer chacras"
Lizardo Cauper, presidente regional Aidesep Ucayali

Mientras Agricultura inicia la actualización del catastro rural y las regiones no logran ordenar sus territorios, las comunidades nativas de la selva peruana permanecen expuestas a las invasiones sin que sus autoridades terminen de delimitar sus fronteras para evitar tanta usurpación territorial.

Rubén Magín, la comunidad Nuevo Paraíso y los dirigentes de otras comunidades afectadas no se dan por vencidos. Cada vez que Magín logra ir a Pucallpa en un viaje de cinco horas por el río Ucayali, visita la DRAU, la OEFA, IBC y cuanta institución pueda estar involucrada en el conflicto.

Magin no pierde las esperanzas. Confía en que un día, la tierra y los bosques de sus ancestros que quiere dejar a sus hijos, estarán libre de amenazas. “Primero hablamos en asamblea comunitaria para decidir qué vamos hacer con el problema. Luchamos, hay que continuar”.


CRÉDITOS

Edición: Miguel Gutiérrez. Investigación y fotos: Yvette Sierra. Imagen de portada: Rubén Magín, presidente de Nuevo Paraíso, recorre el territorio invadido, que alguna vez fue parte del bosque de la comunidad. Desarrollo web:Melissa Chávez.