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LOS INTERESES PRIVADOS QUE DEFINIERON LA POLÍTICA TRIBUTARIA EN PERÚ

Cómo se beneficiaron a las grandes compañías privadas con menores impuestos mientras el Estado peruano veía caer su recaudación

Por Convoca.pe
Jueves, 31 de agosto de 2017


El sistema tributario peruano ha tenido una trayectoria en zigzag entre 2012 y lo que va de 2017. Durante los gobiernos de Ollanta Humala y de Pedro Pablo Kuczynski se promulgaron normas, y congelaron otras, que favorecieron la economía de una parte del sector privado en perjuicio de las finanzas del Estado.

La última publicación del sociólogo Francisco Durand ‘Juegos de poder: política tributaria y lobby en el Perú 2011-2017’ −presentada hoy por Oxfam y Convoca.pe− revela las estrategias políticas y mediáticas que desplegaron los gremios empresariales más poderosos del país.

Francisco Durand, autor de "Juegos de poder: Política tributaria y lobby en Perú 2011-2016". Foto: PUCP.

La elusión y la Norma XVI

En 2012, a través de facultades extraordinarias delegadas por el Congreso, el Ejecutivo de Humala introdujo al Código Tributario la Norma XVI con el objetivo de fortalecer la fiscalización de la Sunat en el combate contra la elusión fiscal.

Como se sabe, esta norma señalaba que si se detectaran supuestos de elusión, la Sunat estaba “facultada para exigir la deuda tributaria o disminuir el importe de los saldos o créditos a favor”, en la línea de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que promueve políticas para el bienestar social.

Sin embargo, ocasionó las críticas del empresariado, que denunció la posibilidad de que la administración tributaria se comportara con demasiada arbitrariedad.

Durand anota que en la campaña mediática en oposición a la norma XVI destacaron el economista Roberto Abusada del Instituto Peruano de Economía (IPE), el Grupo El Comercio y la Confiep, que agrupa a empresarios influyentes del país.

Por el lado político, destacan las coordinaciones entre la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y el entonces vicepresidente del Congreso Luis Iberico, que creó el grupo legislativo de Facilitación de la Inversión y Generación del Empleo (FIGE) a través del cual se canalizaron las propuestas del gremio hacia el Parlamento.

Roberto Abusada, entonces director de IPE y Luis Iberico.

El 12 de julio de 2014 la Norma XVI fue ‘suspendida’ a través de la Ley 30230, legislación no solo polémica por sus medidas tributarias sino también por introducir el llamado “Paquetazo ambiental” que perdonó 30 millones en multas ambientales a compañías mineras y 24 millones a las petroleras infractoras en los primeros ocho meses de aplicación del artículo 19 de la ley como lo determino Convoca.pe luego del análisis de todas las resoluciones de sanción de esos días y la construcción de una base de datos.

Ver: ‘Los millones perdonados a las petroleras’

Ver: ‘Los S/30 millones que no cobró el gobierno en multas mineras’

En la elaboración de la polémica norma intervino la actual Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Fiorella Molinelli, como lo advertimos en 'Quiénes estuvieron detrás de la ley que perdonó las multas'. El artículo 19 de la 30230 fue derogado en abril último luego de las revelaciones de Convoca.pe.

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El regateo de los impuestos

Un mes después del 11 de julio de 2014, fecha en la que se publicó la ley 30230, que suspende la Norma XVI que combatía la elusión fiscal, se emprendió una nueva campaña mediática para reducir el impuesto a la renta a las grandes empresas. El 12 de agosto, el editorial de El Comercio se titulaba “Bajen los tributos”, en el que aseguraba que el Estado es conocido por su ineficiencia para ejecutar el gasto público y que “reducir impuestos sería una clara señal de que la administración del señor Humala se la juega por las inversiones privadas”.

Otras notas periodísticas ejercieron presión mediática y lograron colocar el tema en la agenda pública.

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Acrecentar las utilidades con reducciones de impuestos es una pura transferencia de recursos del Estado al sector privado”, señala el economista Félix Jiménez. Hasta ahora las autoridades han apostado por una supuesta vía rápida para acelerar las inversiones, que en el fondo es un camino largo y doloroso.

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Pocos meses después, el 21 de noviembre de 2014, el Ejecutivo presentó el proyecto de ley para reducir los impuestos. Tres semanas más tarde, el 11 de diciembre, se aprobaba la norma. Así, la nueva Ley 30296 reducía de manera progresiva el impuesto a la renta de 30% a 26% hacia el 2019, pero aumentaba el impuesto al pago de dividendos, para fomentar la reinversión de utilidades.

Francisco Durand destaca la opinión del economista Félix Jiménez, quien indicaba que en condiciones inciertas y con pocos estímulos económicos externos, “acrecentar las utilidades con reducciones de impuestos es una pura transferencia de recursos del Estado al sector privado”.

Los amigos de la Bolsa

El mercado de valores limeño atravesó una crisis en 2015, cuando la indexadora neoyorquina MSCI (Morgan Stanley Capital International) señaló el 13 de agosto que la Bolsa de Valores de Lima (BVL) podía perder la categoría de “mercado emergente” −que le había otorgado− para pasar al grupo de “mercado frontera” debido a su poca liquidez (cantidad de transacciones).

Esto iba a significar una menor entrada de capitales extranjeros a la bolsa local. Por eso, al día siguiente, el 14 de agosto, sufrió una caída de 5,25%, lo que propició una ofensiva mediática y política de los actores bursátiles.

Durand advierte que el entonces presidente de la Bolsa de Valores, Christian Laub, tomó contacto con el Ministerio de Economía y Finanzas para coordinar las “medidas de emergencia” que debían tomarse, según sus propias declaraciones en medios. En ese momento, Alonso Segura era el ministro responsable de esa cartera.

El 26 de agosto, Laub y el MEF presentan un proyecto de ley para exonerar del impuesto a la renta a las ganancias de capital (por operaciones en bolsa) a las acciones más líquidas por tres años. El proyecto fue aprobado el 12 de setiembre. El 30 de ese mes, MSCI decidió mantener a la Bolsa de Valores de Lima como “mercado emergente”.

“En total, el proceso de influencias tomó apenas 20 días. Se trató de uno de los casos de lobby más rápidos y efectivos, porque (...) no hubo oposición del Congreso, sino todo lo contrario, éste brindó un apoyo casi total”, señala la investigación de Durand.

Luego, cuando se promulgó el reglamento de esta norma en diciembre, la Bolsa de Valores manifestó su disconformidad porque no aparecían más que 42 acciones como beneficiadas.

Christian Laub, entonces presidente de la Bolsa de Valores de Lima, y Alonso Segura, exministro de Economía y Finanzas.

La gestión Kuczynski

El gobierno se planteó la meta de ingresar a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Si bien ha implementado algunas recomendaciones de este organismo, como establecer la nueva facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para solicitar el levantamiento del secreto bancario y tributario, otras son incluso rechazadas.

Aquí la suspendida −pero no derogada− Norma XVI, recomendada por la misma organización internacional, vuelve a aparecer.

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En total, el proceso de influencias tomó apenas 20 días. Se trató de uno de los casos de lobby más rápidos y efectivos, porque (...) no hubo oposición del Congreso, sino todo lo contrario, éste brindó un apoyo casi total”, señala la investigación de Durand.

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En agosto de 2016, Alfredo Thorne, que asumió el ministerio de Economía y Finanzas con el cambio de gobierno, anunció entre sus primeras medidas la revisión total de la ley “antielusión” y el proyecto de reglamento que dejó la gestión de su predecesor.

Los argumentos de esta revisión fueron los mismos que esgrimían los gremios empresariales en 2014: la discrecionalidad que la norma otorgaba a la Sunat para determinar los supuestos de elusión. Incluso anunció que la derogaría. Hasta hoy, la disposición se mantiene en el aire.

La semana pasada, el premier Fernando Zavala, actual titular del MEF, resaltó la necesidad de ampliar la base tributaria para lograr mayor recaudación y así tener más recursos. “No se trata de subir impuestos, sino de una agenda para reducir la evasión”, señaló. En este sentido, dejó abierta la posibilidad de que “ciertas medidas administrativas tengan que regresar”, sin especificar si hablaba de la Norma XVI o alguna otra norma.

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