La Procuraduría Anticorrupción tiene en trámite más de 40 mil casos de su especialidad a nivel nacional. En 2018, se reportaron 9,217 casos nuevos. Después de la capital peruana, el funesto ranking es liderado por Áncash, Cusco, Junín, Ayacucho, Ucayali y otras áreas regionales.

 

El presidente Martín Vizcarra anunció que el nombre oficial del 2019 será “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”. A su vez se comprometió a que los avances logrados el 2018 en esa materia serían “fortalecidos y profundizados” en el periodo anual en curso. 

No obstante, el aparente progreso contra ese flagelo de la sociedad durante el año pasado contrasta con las cifras de la Procuraduría Anticorrupción, que registró 9,217 casos nuevos en 2018, el 23% del total que se encuentra en trámite a nivel nacional. Cabe anotar que en 2017 la totalidad de casos era de 36,503 y en 2018 el número alcanzó los 40,229.

Asimismo, esta procuraduría especializada a cargo de Amado Enco ha presentado 578 denuncias a nivel nacional ante el Ministerio Público y el Congreso en el año que acaba de finalizar, lo cual  representa un aumento de 7% en relación a 2017, y un 27% más respecto a 2016.

 

CASOS DE CORRUPCIÓN POR REGIONES

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En detalle

Al cierre de 2018, la carga procesal de casos para la Procuraduría Anticorrupción ascendió a 40,229 casos a nivel nacional. De estos, solo en Lima se reportó 7,695 casos (19%), con lo cual lidera el funesto ranking.

Sin embargo, en las otras 24 regiones del país se registraron en conjunto 32,534 casos por presuntos actos de corrupción, es decir 81% del total. 

Las jurisdicciones regionales en las cuales se presentaron mayor número de estos casos son Áncash, con 4,543 casos (11%); Cusco con 2,323 casos (6%); Junín con 2,003 casos (5%), Ayacucho con 1,819 casos (5%); Ucayali con 1,789 casos (4%); Arequipa con 1690 casos (4%); Loreto con 1,675 casos (4%), y otras.

En los últimos tres años, la carga procesal por ese tipo de delito ha ido en aumento. El año 2016, la Procuraduría especializada tuvo a nivel nacional 32,925 casos, y el 2017 la cifra aumentó a 36,503. Cabe precisar que si bien las cifras se incrementan, no son el resultado de una suma aritmética simple de la carga del año anterior con los casos nuevos, pues muchos de éstos se archivan o pueden terminar con una sentencia y, de esa manera, ya no figuran en la contabilización. Pero aún con ello, hay un evidente incremento.

 

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El procurador anticorrupción Amado Enco presentó los resultados de su gestión del 2018. Foto: Luis Felipe Rodríguez / Convoca.pe

 

Según cifras oficiales, —hasta mayo de 2018— de un total de 37, 675 casos por corrupción, 4,225 involucraban a 2,059 autoridades y ex autoridades regionales y locales a nivel nacional, en calidad de imputados. Entre los casos analizados existían 205 gobernadores, ex gobernadores, alcaldes y ex alcaldes que se encontraban sentenciados y que habían generado un perjuicio económico total al Estado de 7 millones 727 mil 744 soles

Estas autoridades y ex funcionarios fueron electos entre 2002 y 2014; es decir, esta serie de actos delictivos datan desde el inicio del proceso de descentralización, cuyo objetivo era la redistribución de recursos en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local). En ese sentido, la cifra va desde los 16 casos hasta los 500 casos aproximadamente por territorio, de acuerdo con la procuraduría especializada.

De los 4,225 casos registrados hasta mayo de 2018, el 58% se encuentra relacionado con los procesos de contratación que efectuaron las autoridades regionales y locales desde sus respectivas instituciones. En ese sentido, los delitos con mayor incidencia son los de peculado y colusión.

De estos casos, la Procuraduría distingue un mismo patrón en el que incurren las autoridades de los tres niveles de gobierno: coludirse con proveedores, usualmente en la fase de actos preparatorios, a fin de lograr el direccionamiento del otorgamiento de la buena pro y la sobrevaloración del monto de inversión.

 

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Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética. Foto: Difusión

 

Consultado por Convoca.pe, el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, afirmó que este modus operandi es como un “manual de corrupción” no solo en nuestro país, sino en el mundo. Frente a ello, dijo que la receta para combatir el flagelo debería empezar con darle bastante atención a la elaboración de los planes anuales de contratación de las instituciones, así como contar con “una suerte de historia clínica de los empresarios que participan de las contrataciones”.

“No de las empresas porque todos sabemos que las empresas se disuelven y se crean nuevas, sino de los empresarios que participen de las contrataciones y poder saber quiénes entregan fuera del plazo o participan solo en una entidad pública y ganan todas las adjudicaciones allí. Se tiene que avanzar hacia sistemas de inteligencia anticorrupción en las contrataciones públicas”, anotó.

Rotta añadió que uno de los retos del gobierno de Martín Vizcarra frente a la corrupción para este año justamente es fortalecer a la procuraduría especializada.

“Hay que recordar que la Procuraduría Anticorrupción siempre está reclamando más recursos, tener más capacidades, más articulación con las procuradurías anticorrupción regionales, por ejemplo. Ese es otro aspecto que hay que fortalecer, darle esas capacidades, esos recursos, esas facilidades de actuación para seguir detectando, poder elaborar mejor los casos, trabajar mejor con las fiscalías y con la Controlaría”, declaró para este medio digital.


Normas ineficientes

En los casos de corrupción, las medidas coercitivas tienen como objetivo cautelar para hacer posible tanto el enjuiciamiento penal como el cumplimiento de la sentencia condenatoria que se dictará. Las medidas que contempla el Código Penal van desde la prisión preventiva hasta el impedimento de salida del país. Sin embargo, según la referida procuraduría, estas no siempre son eficientes a la hora de penalizar los delitos de corrupción.

En un informe de junio de 2018, la procuraduría especializada advirtió que de 30 procesados contra quienes el Poder Judicial dictó prisión preventiva, 14 se encontraban cumpliendo dicha medida, mientras que los demás estaban prófugos. O sea, casi la mitad de sentenciados pudo evadir el imperativo judicial.

 

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Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori deben al Estado el pago de reparación civil por los delitos cometidos durante el gobierno del segundo.

 

Por otro lado, de las 2,059 autoridades involucradas en casos de corrupción en mayo del año pasado, 205 se encontraban en calidad de condenados con sentencia firme (3 gobernadores, 22 alcaldes provinciales y 180 alcaldes distritales). Es decir, solo el 4.8% del total, siendo Huancavelica y Áncash, con 28 y 24 respectivamente, las región con mayor cantidad de autoridades sentenciadas.

A estos 205 sentenciados, le corresponde una reparación civil a favor del Estado que asciende a S/ 7’ 727,744.23, siendo las regiones de Áncash, Moquegua y Lima donde se evidencian las cifras más altas: S/ 2’126,953, S/ 1’289,472 y S/ 1’164,000, de forma respectiva.

El procurador Amado Enco informó el martes reciente que el año pasado fue histórico por la cantidad del cobro de la reparación civil a nivel nacional: S/ 45’051,811, casi cinco veces más de lo logrado en 2017.

Sin embargo, muchos de los sentenciados en casos emblemáticos de corrupción, como Vladimiro Montesinos, Nicolás de Bari Hermoza Ríos o José Enrique Crousillat, aún se mantienen en la lista de los quince mayores deudores al Estado por ese concepto. De esa relación, el ex presidente Alberto Fujimori es el único que hasta la fecha no ha pagado nada de esa deuda.