EN COSTA RICA JUEZ CUESTIONA A FISCALÍA DE ESTE PAÍS POR ARCHIVAR CASO ECOTEVA

Magistrado asegura que fiscales costarricenses no hicieron ninguna investigación sobre los hechos que involucran a Alejandro Toledo y en el que se menciona al exvicepresidente de Costa Rica
Alejandro Toledo. Foto: Perú Posible.

Por Ernesto Rivera y Hulda Miranda (Semanario Universidad)*
Publicado el 4 de octubre de 2017

Un juez costarricense se opuso -en dos ocasiones- a que la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales cerrara una investigación sobre el ingreso de $17 millones al Scotiabank Costa Rica, porque, supuestamente, provenían del pago de sobornos al expresidente de Perú, Alejandro Toledo (2001-2006), por parte de las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa.

El juez penal Manuel Rivera Solano rechazó en primera instancia ese pedido de desestimación porque consideró que la Fiscalía no había realizado una correcta pesquisa y que el pedido de cerrar la investigación se basaba en “especulaciones”.

A pesar de la objeción del juez Rivera, la Fiscalía -primero representada por el fiscal Luis Carlos Castro y luego por el entonces fiscal adjunto, Osvaldo Henderson- insistió y el juzgador tuvo que aceptar desestimarla porque ante ese escenario lo obliga la ley.

En Costa Rica la investigación judicial inició en el 2013, luego de que la prensa peruana señaló que parte del dinero de los supuestos sobornos girados a Toledo había pasado por cuentas del Scotiabank en Costa Rica y de que ingresara al país información de la Fiscalía de Perú.

Las pistas de las autoridades brasileñas y peruanas indicaban que al menos $17 millones, provenientes de los supuestos sobornos, se enviaron a las cuentas abiertas en el Scotiabank Costa Rica, de tres firmas creadas aquí. Ecoteva Consulting Group, Ecostate Consulting S. A. y Milan Ecotech Consulting S. A. Esta última, fue creada a nombre de Eva Fernenbug, de 85 años, suega de Alejandro Toledo.


Eva 
Fernenbug y su hija Eliane Karp. Foto: Andina.

Sobre las razones de esta desestimación UNIVERSIDAD intentó entrevistar al Fiscal General, Jorge Chavarría, pero solo accedió a responder a través de su oficina de prensa, mediante la cual indicó que él no conoció personalmente esta causa y que la revisión del pedido de desestimación la hizo el entonces fiscal adjunto, Osvaldo Henderson, quien era el superior del fiscal Luis Carlos Castro.

El trabajo de la Fiscalía durante la gestión de Jorge Chavarría ha sido cuestionado recientemente por diputados y magistrados como Fernando Cruz Castro y el ex vicepresidente de la Corte Suprema, José Manuel Arroyo, quienes le achacan falta de diligencia en el manejo de casos que involucran a actores políticos.

Chavarría fue llamado a comparecer al Congreso por la desestimación de la causa relacionada con los préstamos de $30 millones que el Banco de Costa Rica (BCR) otorgó al importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños.

Por ese caso y por la decisión de no imputar al expresidente Óscar Arias en el caso sobre la mina de oro de Crucitas, en San Carlos, el presidente de la Corte, Carlos Chinchilla pidió a la Inspección Judicial abrirle un proceso disciplinario.

 

NOMBRE DE POLÍTICO

A Costa Rica, el dinero de los supuestos sobornos llegó a través de sociedades creadas por el expresidente peruano Alejandro Toledo; su suegra, Eva Fernenbug; el israleí Avraham Dan On (exjefe de seguridad de Alejandro Toledo) y el hijo de este, Shai Dan On.

En el expediente judicial de este caso también se observa que, en el 2002, cuando Dan On, “para generar imagen de solvencia en el sistema bancario de Costa Rica, llenó formularios de Conozca a su Cliente indicando que el volumen de sus ingresos era de $50.000”, puso como referencia al señor Luis Liberman, quien fue vicepresidente de Costa Rica (2010-2014) y quien había sido gerente del Scotiabank entre el 2005 y el 2009.

Dan On refirió a Liberman “por haberlo conocido años antes cuando laboró (Dan On) en la Embajada de Israel en Costa Rica”.

El expresidente Luis Liberman ha sostenido que desconoce por qué Dan On lo puso como referencia sin su autorización.

 

Luis Liberman, exvicepresidente de Costa Rica. Foto: EFE.

También admitió que -en 2012, cuando fungió como vicepresidente de la administración Chinchilla Miranda- participó de una cena en donde estuvo también el expresidente de Perú Alejandro Toledo.

Liberman se limitó a decir que conoció a Avraham Dan On cuando este trabajó en la Embajada de Israel en Costa Rica.

El fiscal Castro dijo que sobre la referencia bancaria aportada por Dan On, “no se pudo determinar que Liberman hubiese influido en la apertura de cuentas”.

El funcionario añadió que Liberman nunca fue llamado a la Fiscalía a rendir declaración sobre esto porque ya había dado su versión a través de la prensa y que, al ser un eventual imputado, podía abstenerse de declarar.

El caso fue desestimado el 29 de julio del 2015 y Liberman nunca fue llamado a declarar.

“SIN FUNDAMENTO”

El 3 de junio del 2015, el fiscal de Legitimación de Capitales, Luis Carlos Castro Araya, le solicitó al juez Rivera el cierre de la causa al considerar que “pese a que las acciones celebradas en Costa Rica por sí solas constituyen la delincuencia investigada, debe tenerse en cuenta que existe una imposibilidad material de proseguir con la presente causa en virtud de que las personas investigadas se encuentran fuera del territorio nacional”, dice la solicitud de desestimación, de la cual UNIVERSIDAD tiene copia.

El fiscal también argumentó que los hechos y las personas ya eran objeto de investigación en Perú y que no se pudo constatar la participación en acciones ilícitas de terceras personas.

En entrevista con UNIVERSIDAD, Castro indicó que, además, inicialmente se desconocía cuál era el delito que daba origen al dinero, lo cual es un requisito para que se pueda probar la legitimación de capitales. Una vez que se recibió información de Perú, dijo, se consideró que ya estos hechos eran investigados en ese país.

“El pedacito que nosotros podíamos investigar aquí en Costa Rica, como hechos que pudieron pasar aquí en Costa Rica, ya los estaba cubriendo la investigación en Perú y, anticipándonos a una situación futura, en algún momento valoramos y dijimos: si traemos a esas personas nos van a decir que ya los están juzgando por esos hechos en Perú y nos iban a dejar en una encrucijada un poco complicada para nosotros”, alegó.

 “Si usted revisa el expediente se da cuenta de que no es que no existan las pesquisas para arribar a identificar partícipes en esta causa, sino que lo que existió fue una falta de investigación. O sea, no podrían individualizarse partícipes o responsables en esta causa porque no se hizo la investigación, no se hizo ninguna investigación”, juez penal Manuel Rivera Solano.

 

La primera solicitud del fiscal Castro no fue acogida por el juez Rivera, quien consideró que era una petición “de manera abstracta y genérica (…) sin concretar mayor cosa sobre el caso específico”.

Rivera añadió que no solo hubo falta de fundamentación en la solicitud, sino también “falta de respaldo probatorio y demostrativo”.

El juez afirmó que el Ministerio Público solo hizo “especulaciones” al indicar que los imputados no se encontraban en Costa Rica y que Perú investiga los mismos hechos, porque no lo demostró con pruebas.

A pesar de las conclusiones del juez, el fiscal Castro mantuvo su posición en un segundo pedido, e indicó que las personas sospechosas solo habían ingresado una vez al país y que en Perú ya se les había hecho el traslado de cargos, según se podía observar en el Legajo de Asistencia Penal Internacional Activa requerida a Perú.

Debido a que el juzgador no cambió su criterio, el caso se trasladó al fiscal adjunto, según lo estipula el Código Procesal Penal.

El 10 de julio del 2015, en una tercera solicitud de desestimación, el entonces fiscal adjunto de Legitimación de Capitales, Osvaldo Henderson emitió un criterio respaldando los argumentos del fiscal Castro y alegando que “suprimiendo las acciones de corrupción en Perú, no se podría tener por acreditado el delito de legitimación de capitales”.

 

Avraham 'Avi' Dan On, ex jefe de seguridad de Alejandro Toledo. Foto: Andina. 

 

“Lo anterior, ya que las acciones realizadas en Costa Rica por sí solas no son constitutivas de delito alguno. Es decir, constituir sociedades anónimas, solicitar créditos, etc., no son acciones que puedan ser consideradas ilegales en nuestra legislación, sino que deben leerse dentro de un contexto más amplio”, adujo Henderson.

Consultado por UNIVERSIDAD, el exfiscal –actualmente jubilado- dijo no recordar con detalle todo el caso pero mencionó que la principal razón para pedir la desestimación fue “que no había prueba suficiente que estableciera que (el dinero) venía de un delito porque todavía eso se estaba investigando allá (en Perú). Para hablar de lavado, que era la causa abierta aquí, usted tiene que establecer que los bienes o valores son provenientes de un delito”, acotó.

El juez Rivera finalmente tuvo que aprobar la desestimación porque así lo obliga la ley cuando hubiese reiteración de solicitud por parte de la Fiscalía.

El juez Rivera explicó a UNIVERSIDAD la semana anterior: “Si usted revisa el expediente se da cuenta de que no es que no existan las pesquisas para arribar a identificar partícipes en esta causa, sino que lo que existió fue una falta de investigación. O sea, no podrían individualizarse partícipes o responsables en esta causa porque no se hizo la investigación, no se hizo ninguna investigación, entonces el Ministerio Público no puede decir que no se han identificado partícipes o autores porque no se hizo ninguna investigación”, afirmó.

Cuando se da una desestimación, la causa puede ser reactivada ante nueva prueba o nuevos hechos.

 

LA PISTA DEL DINERO

De acuerdo con el expediente de este caso, a partir de enero del 2012, en Costa Rica se crearon las sociedades anónimas Ecoteva Consulting Group, Ecostate Consulting S. A. y Milan Ecotech Consulting S. A, “con la finalidad de disfrazar y ocultar transacciones mercantiles y compra de activos que tenía como finalidad el ocultamiento de dinero procedente de actividades delictivas ejecutadas en aquel país suramericano (Perú)”.

Además de Toledo, Fernenbug y los hermanos Dan On, en las sociedades también aparecen en cargos directivos Claudia Elena Centeno Fuentes, quien es empleada doméstica, y José Ángel Zamora Alfaro, quien labora como guarda de seguridad.

Al parecer, el dinero de los supuestos sobornos se giró, entre el 2006 y el 2008, primero a las cuentas de la compañía Trailbridge Ltd. en el Citibank London Private, en Londres, Inglaterra. Esa empresa pertenece a Josef Maiman, empresario israelí y amigo cercano de Toledo, quien tiene negocios de hidrocarburos y quien recientemente llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Perú para ser colaborador eficaz. VEA NOTA RELACIONADA.

Josef Maiman. Foto: EFE.

Posteriormente, el dinero se trasladó a otras cuentas en Israel y Suiza que pertenecen al Grupo Merhav (un conglomerado que tiene negocios en hidrocarburos), presidido por Maiman.

Desde ahí, unos $17 millones se giraron a las cuentas en Suiza de la compañía panameña Confiado Internacional Corp., que pertenece al Grupo Merhav.

La ruta del dinero sigue hacia Costa Rica, pues se realizaron varios depósitos en cuentas de las firmas costarricenses ligadas a los sospechosos en el banco Scotiabank.

Con esos fondos se elaboraron certificados a plazo que la suegra de Toledo puso a responder para obtener un préstamo por parte del Scotiabank de $3 millones, que se giró el 24 de julio del 2012.

Ese crédito se pagó de forma “prematura”, incluso un abono de $557.000 se hizo apenas un día después de girado el préstamo. El 28 de julio de ese año se hizo otro abono de $932.000 y el 29 de octubre del 2012 se canceló todo lo adeudado.

Para la Fiscalía costarricense, esa es una forma que se utiliza para lavado de dinero.

Con el dinero del préstamo, Eva Fernenbug compró propiedades lujosas en Perú.

La investigación también reveló que en cuentas de la firma Ecotaste Consulting S. A., en el Scotiabank, todavía se encontraban alrededor de $6,5 millones. Ese dinero se mantiene congelado en las cuentas, a solicitud de Perú, según informó el Ministerio Público costarricense. La medida vence el 21 de febrero del 2018.

 

CUESTIONAMIENTOS EN FISCAL GENERAL

La labor del Ministerio Público durante la gestión del fiscal general, Jorge Chavarría, ha sido cuestionada en varios momentos.

En el 2016, el magistrado Fernando Cruz mostró preocupación por el retraso de años en expedientes de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

Semanas atrás, el diputado del Partido Acción Ciudadana, Ottón Solís, pidió a los magistrados solicitar la renuncia del fiscal general, pues criticó su liderazgo en las investigaciones sobre los préstamos de $30 millones que el Banco de Costa Rica (BCR) otorgó al importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños.

Por ese caso, Chavarría está llamado a comparecer en la comisión legislativa que indaga sobre estos créditos.

Chavarría también fue señalado por la decisión del pasado de no imputar al expresidente Óscar Arias en el caso sobre la mina Crucitas, como señalaron jueces del Tribunal Penal del II Circuito Judicial.

Por ambos asuntos, el 18 de setiembre, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, pidió a la Inspección Judicial abrir un proceso disciplinario al fiscal general.


 

ORGANISMO SUPERVISOR MANTIENE INVESTIGACIÓN

La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) mantiene abierto un procedimiento administrativo sancionatorio para conocer si el Scotiabank en Costa Rica cumplió con sus obligaciones de aplicar las normas de control conocidas como “debida diligencia” y “Conozca a su Cliente”, al permitir el ingreso de dinero en cuentas relacionadas al expresidente peruano, Alejandro Toledo.

El superintendente general, Javier Cascante, informó que el proceso “ha venido avanzando y agotando las distintas etapas procesales señaladas para este tipo de procedimientos”.

De hallarse una falta, el banco podría exponerse a multas de entre 0,5% y 2% de su patrimonio.

*También lee el reportaje de Semanario Universidad aquí.


 
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