CASO PPK: DE LA PUERTA GIRATORIA AL PORTAZO DEL CONGRESO

A un año del inicio de las revelaciones de pagos de coimas de Odebrecht en Latinoamérica y África, el mandatario Pedro Pablo Kuczynski podría ser cesado de su cargo por el caso Lava Jato

Por Convoca.pe / @ConvocaPe

Publicado el 20 de diciembre de 2017

 

Este jueves, a un año de que en Estados Unidos se empezara a revelar los presuntos pagos de sobornos de Odebrecht a expresidentes, altos funcionarios y empresarios en diferentes países de Latinoamérica y África; el actual mandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski (PPK) podría ser cesado de su cargo por el caso Lava Jato mediante un proceso de vacancia que se realizará en el Congreso.

Por las informaciones proporcionadas por la constructora brasileña hace unos días a la Comisión Lava Jato —de mayoría opositora al gobierno—, así como por documentos mostrados por Kuczynski y las propias declaraciones públicas de este último recientemente, hay elementos que no solo configuran un escenario de “puerta giratoria”, sino de posible conflicto de interés. Se conoce como puerta giratora al tránsito de un funcionario de alguna entidad del Estado al sector privado y viceversa, para un potencial beneficio de negocios particulares. (Ver: 'La puerta giratoria del gabinete de Kuczynski')

Al respecto, en relación a Pedro Pablo Kuczynski la situación más notoria es la de Westfield Capital, compañía unipersonal que fundó en 1992, en Estados Unidos (EE.UU.).

“Cuando fui nombrado ministro, renuncié a todos los directorios en los que estaba y a mi empresa”, dijo el presidente el domingo pasado.Sin embargo, en las fichas registrales de la División de Corporaciones del Departamento de Estado de Florida no figura que se haya apartado de la compañía, pues continuó apareciendo su nombre como directivo a cargo de Westfield Capital cada año mientras fue ministro de Economía (2001 a 2002 – 2004 a 2005) y premier (2005 a 2006) durante el gobierno de Alejandro Toledo, ahora prófugo en EE.UU. por el caso de sobornos de Odebrecht.

 

Kuczynski siguió figurando como director de Westfield Capital durante su ejercicio como ministro. Arriba: documento público de Florida, EE.UU., que lo confirma, fechado en octubre de 2005.

 

Precisamente en mayo de 2004, tres meses después de que Kuczynski fuera designado titular de Economía y, como tal, presidente del Consejo Directivo de Proinversión, este organismo estatal adjudicó a Odebrecht el proyecto Trasvase Olmos. En julio siguiente, se firmó el contrato de concesión por 20 años para la construcción, operación y mantenimiento de la obra. Y en noviembre del mismo año, la firma brasileña empezó a enviarle dinero a Westfield Capital por “reembolso de gastos”. En total, hasta el año 2007, la constructora de Brasil le abonó US$ 64,636 por diferentes conceptos.

(Ver: 'Presidente Kuczynski acepta ser interpelado por la Comisión Lava Jato')

Algo similar, pero por un monto mayor, sucedió en el caso de la vía Interoceánica Norte (IIRSA Norte).

En mayo de 2005, Proinversión otorgó la buena pro de IIRSA Norte al consorcio integrado por las constructoras brasileñas Odebrecht y Andrade Gutiérrez, y la peruana Graña y Montero.

Luego de dos años, en diciembre de 2007, cuando Kuczynski ya no era funcionario, la empresa brasileña le pagó US$ 717,570 por “asesorías financieras” a la compañía unipersonal del entonces exministro. Unos días después, Westfield Capital transfirió US$ 380,047 a la cuenta bancaria personal del ahora mandatario.

Debe anotarse que, en noviembre de 2012, Pedro Pablo Kuczynski recibió US$ 610,000 por asesorar a H2Olmos, perteneciente a Odebrecht, a través de First Capital, compañía de Gerardo Sepúlveda, amigo y exsocio del presidente peruano. A la concesionaria de la firma brasileña se le había adjudicado el proyecto de irrigación de Olmos en 2010, en la segunda gestión gubernamental de Alan García. (Ver: 'La conferencia de PPK que confesó Odebrecht')

 

Fechas y hechos del Caso PPK 

 

Línea cruzada

Convoca.pe dialogó sobre este caso de puerta giratoria y aparente conflicto de interés con el sociólogo Francisco Durand, investigador y profesor principal de la especialidad de Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

“Se puede afirmar, creo que con bastante contundencia, que se trata de un caso de conflicto de intereses [de Pedro Pablo Kuczynski] y, quizás, hasta de [acceso a] información privilegiada, pero no de un caso de coima”, precisó.

Si bien esto puede ser suficiente para una vacancia, “lo que queda resaltado son las relaciones íntimas, colusivas entre los empresarios, sus empresas y el Estado”, advierte el experto. “Sobre todo cuando un empresario como Kuczynski pasa a ser funcionario público. O cuando deja de serlo y sus empresas empiezan a tener contratos con firmas que fueron objeto de decisiones”, agregó.

(Ver: 'Tránsito ministerial')

No obstante su trayectoria privada y hasta las acusaciones de lobbismo, los empresarios ya no lo consideran su mejor opción al frente del gobierno. Las cosas empiezan a cambiar debido a la incertidumbre que ocasiona su mandato.

“Por haber demostrado poca capacidad, firmeza y manejo político, ha dejado de ser útil”, indicó Durand.

De hecho, en CADE de 2016 -la conferencia de ejecutivos más mediática de Perú-, Kuczynski consiguió una aprobación de 89% entre los ejecutivos asistentes al foro. En la edición 2017 de este evento, solo 37% de los empresarios respaldó su gestión presidencial.

Lo que más preocupa a Durand, sin embargo, es que la crisis política lleve al Perú a una parálisis judicial justo en el momento en que se tiene que interrogar a Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el país, que aún debe declarar sobre los aportes de campaña, los sobornos, las conferencias y las consultorías.

Actualización:

El presidente Pedro Pablo Kuczynski dio un mensaje a la nación en el que señaló que, de ser vacado por el Congreso, ninguno de sus dos vicepresidentes asumiría el cargo ya que no formarían "parte de un gobierno que nazca de maniobras antidemocrácticas". Kuczynski también señaló que se encontraba en un "golpe bajo un disfraz de interpretaciones supuestamente legítimas". Con estas declaraciones, el presidente se alista para su defensa en el Parlamento que decidirá si sigue o no en el cargo.